Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Leyes

Leyes

MINISTERIO PRESIDENCIA, Orden de 29 de marzo de 2000

BOE 6 abril 2000, núm. 83

Determina los tipos de ayudas a conceder a personas con minusvalía para el ejercicio de 2000 y cuantías de las mismas.

TEXTO:

Primero.- Clases y cuantías máximas de las ayudas individuales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado:

Segundo.- Cuantías máximas de las ayudas para actividades profesionales y laborales:

Las cuantías máximas serán las siguientes:

a) Trabajo por cuenta ajena en empresas ordinarias y cooperativas de trabajo asociado:

1. Las empresas que contraten por tiempo indefinido y en jornada completa a trabajadores minusválidos, tendrán derecho a una subvención de 650.000 pesetas por cada contrato de trabajo celebrado y a reducciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y cuotas de recaudación conjunta, en las cuantías siguientes:

70 por 100 por cada trabajador minusválido contratado menor de cuarenta y cinco años.

90 por 100 por cada trabajador minusválido contratado mayor de cuarenta y cinco años.

2. Cuando el contrato indefinido se concierte a tiempo parcial, se mantendrán las bonificaciones en las cuotas descritas en el apartado anterior, si bien la subvención de 650.000 pesetas se reducirá proporcionalmente a la jornada pactada.

3. La transformación en contratos indefinidos de los contratos de duración determinada, celebrados con trabajadores minusválidos, regulados en la disposición adicional sexta de la Ley 10/1994, de 19 de mayo de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación, en relación con el artículo 44 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y prorrogada para el año 2000 por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, dará lugar a la percepción, por parte del empresario, de la subvención y bonificaciones señaladas en el número 1 de este apartado y con la misma extensión.

4. Las empresas que celebren contratos en prácticas a tiempo completo con trabajadores minusválidos tendrán derecho a una reducción, durante la duración del contrato, del 50 por 100 de la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a las contingencias comunes. Asimismo, las empresas que celebren contratos para la formación con trabajadores minusválidos tendrán derecho a una reducción del 50 por 100 en las cuotas empresariales de Seguridad Social previstas para los contratos de formación.

5. Las empresas o, en el caso de que éstas no lo hicieren, los trabajadores con minusvalía que lo precisen podrán solicitar subvenciones destinadas a la adaptación del puesto de trabajo o a la dotación de medios de protección personal necesarios para evitar accidentes laborales al trabajador disminuido, por importe de hasta 150.000 pesetas.

b) Trabajo en centros especiales de empleo.

1. Acciones que ayuden a poner en marcha proyectos generadores de empleo: su finalidad es financiar cualesquiera iniciativas que generen empleos preferentemente estables para trabajadores minusválidos desempleados, mediante la creación o ampliación de centros especiales de empleo que figuren inscritos como tales en el Registro correspondiente.

1.1. Se podrán conceder al efecto las siguientes subvenciones:

1.1.1. Subvenciones para asistencia técnica, que podrán consistir en alguna de las siguientes modalidades:

Estudios de viabilidad, organización, comercialización, diagnosis y otros de naturaleza análoga.

Auditorías e informes económicos.

Asesoramiento en las diversas áreas de gestión empresarial.

La petición de ayudas para asistencia técnica podrá ser realizada a instancia de parte o promovida de oficio.

1.1.2. Subvenciones para financiar la inversión fija en proyectos de interés social.

1.1.3. Subvención parcial de intereses de los préstamos que se obtengan de entidades de crédito, públicas o privadas, que tengan suscrito convenio en las condiciones siguientes:

a) Los préstamos para ser subvencionables deberán ser concedidos por aquellas entidades de crédito, públicas o privadas, que tengan suscrito un convenio a tal objeto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

b) La subvención financiera será, como máximo, de tres puntos del tipo de interés fijado por la entidad de crédito, pública o privada, que conceda el préstamo al solicitante, pagadera de una sola vez, en cuantía calculada como si la subvención se devengase cada año de la duración del mismo, incluido el posible período de carencia.

1.1.4. Las subvenciones anteriores serán, en su conjunto, de 2.000.000 de pesetas por puesto de trabajo creado con carácter estable, si el centro especial de empleo supera el 90 por 100 de trabajadores minusválidos respecto del total de su plantilla.

La cuantía de la subvención por puesto de trabajo creado de carácter estable será de 1.500.000 pesetas si el número de trabajadores minusválidos del centro especial de empleo está comprendido entre el 70 por 100 y el 90 por 100 del total de la plantilla.

A los efectos de determinar el porcentaje de trabajadores minusválidos, no se computará el personal no minusválido dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social, así como el que preste servicios en aquellas actividades o puestos de trabajo específicos que, por su propia naturaleza o complejidad, no puedan ser desempeñados por personas minusválidas.

Se entenderá por servicios de ajuste personal y social los de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, culturales y deportivos que procuren al trabajador minusválido del centro especial de empleo una mayor rehabilitación personal y mejor adaptación de su relación personal.

Las cuantías de las subvenciones a que se hace referencia en el presente número tienen el carácter de máximo salvo en los supuestos en los que, concurriendo causas excepcionales, debidamente justificadas y acreditadas, se autorice expresamente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales superar dichas cuantías.

2. Acciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo:

2.1. Bonificación del 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta. Estas bonificaciones serán deducidas directamente por los centros especiales de empleo, previa autorización de la Administración, de las cuotas a liquidar mensualmente a la Seguridad Social, de acuerdo con la normativa vigente en esta materia.

2.2. Subvenciones del coste salarial correspondiente al puesto de trabajo ocupado por minusválido que realice una jornada de trabajo laboral normal y que esté en alta en la Seguridad Social, por un importe del 50 por 100 del salario mínimo interprofesional. En el caso de contrato de trabajo a tiempo parcial, la subvención experimentará una reducción proporcional a la jornada laboral realizada.

2.3. Subvenciones para adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas en una cuantía no superior a 300.000 pesetas por puesto de trabajo, sin que en ningún caso rebase el coste real que, al efecto, se justifique por la referida adaptación o eliminación.

2.4. Subvención, por una sola vez, destinada a equilibrar y sanear financieramente a los centros especiales de empleo, con el fin de lograr una reestructuración para que alcancen niveles de productividad y rentabilidad que garanticen su viabilidad y estabilidad.

2.5. Subvención dirigida a equilibrar el presupuesto de aquellos centros especiales de empleo que carezcan de ánimo de lucro y sean de utilidad pública e imprescindibilidad. Esta subvención no podrá cubrir resultados adversos derivados de una gestión deficiente a juicio de la Administración.

Para la concesión y determinación de la cuantía de la compensación se estará a lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, por lo que se tendrá en cuenta:

a) La actividad, dimensión, estructura y gerencia del centro.

b) La composición de su plantilla, con la atención especial a la proporción de trabajadores discapacitados respecto del total en el centro especial de empleo, así como a la naturaleza y grado de minusvalía de sus componentes, en relación con su capacidad de adaptación al puesto de trabajo que desempeñen.

c) La modalidad y condiciones de los contratos suscritos con los trabajadores de la plantilla del centro, minusválido o no.

d) Las variables económicas que concurran en el centro en relación con su objetivo y función social.

e) Los servicios de ajuste personal y social que preste el centro a sus trabajadores minusválidos.

2.6. Los centros especiales de empleo podrán recibir asistencia técnica destinada al mantenimiento de puestos de trabajo, pudiendo ser concedida a instancia de parte o de oficio cuando el estudio del expediente así lo demande.

c) Trabajo autónomo: Los trabajadores minusválidos desempleados que deseen constituirse en trabajadores autónomos podrán recibir las siguientes subvenciones:

1. Subvención parcial de los intereses de los préstamos que obtengan de aquellas entidades de crédito, públicas o privadas, que tengan suscrito un convenio a tal objeto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Esta subvención será, como máximo, de tres puntos del tipo de interés fijado por la entidad que conceda el crédito al solicitante, pagadera de una sola vez, en cuantía calculada como si la subvención se devengase cada año de la duración del mismo, incluido el posible período de carencia. Esta subvención no podrá superar la cuantía de 750.000 pesetas, salvo casos excepcionales expresamente autorizados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Las resoluciones sobre las solicitudes de subvención se adoptarán teniendo en cuenta, además, los siguientes criterios:

a) La trascendencia social y sobre el empleo en el entorno geográfico en que se desarrolle la actividad, especialmente si ésta incide en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo.

b) La aportación económica del trabajador, especialmente cuando haya recibido indemnizaciones de las empresas a las que hubiera pertenecido o percibido la prestación por desempleo de una sola vez.

c) La situación de los débitos que pudieran existir por parte del solicitante con la Seguridad Social y la Hacienda Pública, de forma que se facilite el cumplimiento de las obligaciones que tenga contraídas.

2. Subvención de 650.000 pesetas para inversión en capital fijo.

Tercero.- Cuantías máximas de las ayudas institucionales:

1. Creación, ampliación y mejora de centros y servicios de carácter asistencial: las cuantías vendrán determinadas por los porcentajes previstos en el artículo 8 del Real Decreto 620/1981, calculados sobre el presupuesto protegible de acuerdo con los módulos establecidos por el Departamento correspondiente o, en su defecto, según el informe de los servicios técnicos del órgano concedente.

2. Mantenimiento de centros y servicios:

a) Subvenciones para la gratuidad en centros de rehabilitación y asistencia especializada:

Las ayudas se determinarán con base en el número de beneficiarios atendidos, de acuerdo con la cuantía establecida para beneficiarios de ayudas individuales en los puntos 2 y 3, en su caso 4, de la disposición primera.

b) Ayudas para perfeccionamiento del personal: la cuantía de estas ayudas se determinará conforme establece el número 3 siguiente.

3. Promoción y sostenimiento de actividades: la cuantía para las actividades científicas y técnicas, asociativas y comunitarias se fijará dentro del límite de dotación presupuestaria, para cada caso, atendiendo al coste de la actividad, a la importancia de las necesidades y al número y cuantía de las peticiones recibidas.

Cuarto.- Límite máximo de ingresos para la concesión de ayudas individuales.

1. Las ayudas individuales directas a que hace referencia el apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 620/1981, sólo se podrán conceder, con el límite máximo que permitan los créditos disponibles para ello, a los peticionarios con ingresos familiares per cápita inferiores al 70 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente en el ejercicio económico de 2000.

2. El límite máximo de ingresos familiares de los españoles residentes en el extranjero será, en cada caso, el que resulte de multiplicar el 70 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente en el año 2000 o la renta global que resulte de la aplicación del punto 2 del presente apartado por el coeficiente que figura en la tabla siguiente:

A efectos de lo previsto en el apartado quinto, los interesados deberán presentar fotocopia de su inscripción en el Registro de nacionales de la demarcación consular correspondiente a su país de residencia, acreditando la condición de residentes en el extranjero.

3. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y 15 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de marzo de 1982 se exceptúan del requisito de ingresos familiares las prestaciones que otorgue la Seguridad Social a sus beneficiarios, así como las ayudas para integración laboral.

Quinto.- Apertura del plazo de convocatoria:

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del Real Decreto 620/1981, de 5 de febrero, se abre el plazo de presentación de solicitudes de ayudas públicas a personas con minusvalía, por un período de tres meses a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para los tipos de ayudas que en la presente norma se establecen y con los límites de cuantías y de ingresos a que la misma se refiere.

2. El plazo previsto en el número anterior no será de aplicación a las solicitudes de ayudas que, en cuanto excepciones a la aplicación del mismo, establece el artículo 31 de la Orden de la Presidencia del Gobierno, de 5 de marzo de 1982, por la que se desarrolla el Real Decreto 620/1981, de 5 de febrero, y que hacen referencia, entre otras, a las ayudas destinadas a la creación de nuevos puestos de trabajo o para establecimiento de personas con minusvalía como trabajadores autónomos.

3. Las solicitudes se dirigirán a los organismos, centros e instituciones que en los propios modelos de solicitud se indican, pudiendo presentarse por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexto.- Tramitación, resolución y abono de las ayudas. Lo relativo a la tramitación y resolución de las ayudas a que se refiere la presente Orden, así como en lo referente al abono de aquéllas, se estará a lo que, con carácter general, establecen la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas, y el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

En particular, en el caso de ayudas públicas a conceder por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales el plazo máximo para la resolución del procedimiento será el de seis meses contados a partir de la finalización de la presentación de las solicitudes. Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que es desestimatoria de la concesión.

Asimismo serán de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan lo establecido en las disposiciones antes citadas, el Real Decreto 620/1981, de 5 de febrero, por el que se determina el régimen unificado de ayudas públicas a disminuidos y la Orden de desarrollo de 5 de marzo de 1982.

Séptimo.- En el segundo trimestre del año se harán públicas las oportunas convocatorias de ayudas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, destinadas a los alumnos con necesidades educativas especiales para el curso académico 2000/2001.

Disposición adicional primera.

Cualquier modificación de la materia que ampara la normativa de subvenciones y ayudas públicas que concede el Instituto Nacional de Empleo conllevará la variación en ese mismo sentido del apartado segundo de la presente Orden, todo ello de acuerdo con el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas.

Disposición adicional segunda.

El contenido de la presente Orden se entenderá sin perjuicio de las competencias que sobre las mismas materias hayan asumido o asuman las respectivas Comunidades Autónomas. En el caso de las ayudas públicas a conceder por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, el ámbito se reduce a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

De interés...

  • Programa Nacional de Reformas. Estrategia de Lisboa
  • administracion.gob.es

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