Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Leyes

Leyes

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Sentencia de 8 de abril de 1981

BOE 25 abril 1981, núm. 99/1981


Declara inconstitucionales varios preceptos del Real Decreto-ley 4-3-1977, regulador del derecho a la huelga.

 El Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido:

1.º Desestimar las causas de inadmisibilidad propuestas por el Abogado del Estado.

2.º Estimar parcialmente el recurso y, en su virtud, hacer las siguientes declaraciones sobre el Real Decreto-ley 17/1977:

    1. Que el art. 3.º no es inconstitucional, siempre que se entienda que el ejercicio del derecho de huelga, que pertenece a los trabajadores, puede ser ejercitado por ellos personalmente, por sus representantes y por las organizaciones sindicales con implantación en el ámbito laboral al que la huelga se extienda, y que son inconstitucionales las exigencias establecidas en dicho artículo de que el acuerdo de huelga se adopte en cada Centro de trabajo (apartado 1.º), la de que la reunión de los representantes haya de asistir un determinado porcentaje [apartado 2.º, a)] y la de que la iniciativa para la declaración de huelga haya de estar apoyada por un 25 por 100 de los trabajadores.
    2. Que el apartado 1.º del art. 5.º no es inconstitucional referido a huelgas cuyo ámbito no exceda de un solo Centro de trabajo, pero que lo es, en cambio, cuando las huelgas comprendan varios Centros de trabajo.
    3. Que es inconstitucional el apartado 7.º del art. 6.º en cuanto atribuye de manera exclusiva al empresario la facultad de designar los trabajadores que durante la huelga deban velar por el mantenimiento de los locales, maquinaria e instalaciones.
    4. Que es inconstitucional el párrafo 1.º del art. 10 en cuanto faculta al Gobierno para imponer la reanudación del trabajo, pero no en cuanto le faculta para instituir un arbitraje obligatorio, siempre que en él se respete el requisito de imparcialidad de los árbitros.
    5. Que no es inconstitucional el párrafo 2.º del art. 10, que atribuye a la autoridad gubernativa la potestad de dictar las medidas necesarias para determinar el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad, en cuanto que el ejercicio de esta potestad está sometido a la jurisdicción de los Tribunales de justicia y al recurso de amparo ante este Tribunal.
    6. Que es inconstitucional la expresión «directamente» del apartado b) del artículo 11.
    7. Que son inconstitucionales el apartado b) del art. 25 y el art. 26.

3.º Desestimar las restantes pretensiones de los recurrentes.

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  • administracion.gob.es

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