7.12. Fondo Social Europeo (F.S.E.)

¿Qué es el Fondo Social Europeo?

El Fondo Social Europeo es uno de los Fondos Estructurales que, junto con otros instrumentos financieros, sirven a la Comunidad Europea para la consecución de dos objetivos prioritarios:

• El objetivo de «convergencia», que persigue acelerar la convergencia de los Estados miembros y regiones menos desarrollados, creando condiciones más favorables para el crecimiento y el empleo mediante el aumento de la inversión en capital físico y humano, y la mejora de su calidad, el desarrollo de la innovación y de la sociedad del conocimiento, la adaptabilidad a los cambios económicos y sociales, la protección y mejora del medio ambiente y la eficiencia administrativa.
• El objetivo de «competitividad regional y empleo», que persigue fuera de las regiones menos desarrolladas, incrementar la competitividad y el atractivo de las regiones, así como su nivel de empleo, mediante la previsión de los cambios económicos y sociales, incluidos los ocasionados por la liberalización del comercio, aumentando y mejorando la calidad de la inversión en capital humano, la innovación, la difusión de la sociedad del conocimiento, el fomento del espíritu empresarial, la protección y mejora del medio ambiente, la accesibilidad, la adaptación de trabajadores y las empresas y el desarrollo de mercados laborales no excluyentes.

Creado por el Tratado de Roma para mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores comunitarios, el FSE es el instrumento financiero más importante para promover el empleo y el desarrollo de los recursos humanos en todos los países de la Unión y pretende dar una respuesta efectiva y flexible a los progresivos cambios a que se ve sometido el mercado laboral. La dotación del FSE destinada a España para invertir en los distintos programas e iniciativas asciende en el actual período 2007-2013 a 8.057 millones de euros.

¿Cuál es el ámbito de intervención del FSE?

Abarcando los dos objetivos indicados, el FSE apoyará acciones en los Estados miembros encaminadas a dar respuesta a las prioridades siguientes:

• Mejorar la capacidad de adaptación de los trabajadores, empresas y empresarios, con objeto de aumentar de esta manera la previsión y la gestión positiva del cambio económico, fomentando en particular:
  • La formación permanente y el aumento de las inversiones en recursos humanos por parte de las empresas, especialmente las PYME, y los trabajadores, mediante el desarrollo y la aplicación de sistemas y estrategias, incluidos los sistemas de aprendizaje profesional, que faciliten el acceso a la formación, en particular a los trabajadores poco cualificados o de mayor edad, el desarrollo de las cualificaciones y competencias, la difusión de tecnologías de la información y de la comunicación, el aprendizaje por medios electrónicos, las tecnologías respetuosas del medio ambiente y las habilidades de gestión, el fomento del espíritu empresarial y de innovación, y la creación de empresas.
  • La concepción y difusión de formas de organización del trabajo innovadoras y más productivas, incluyendo la mejora de la salud y la seguridad en el trabajo, la determinación de las futuras necesidades en materia de empleo y de aptitudes profesionales, y el desarrollo de servicios específicos de empleo, formación y apoyo, incluida la recolocación, para los trabajadores, en el contexto de la reestructuración de empresas y sectores.
• Facilitar el acceso al empleo y la inserción duradera en el mercado de trabajo de las personas inactivas y de las que buscan trabajo, evitar el desempleo, en particular el desempleo de larga duración y el desempleo de los jóvenes, apoyar el envejecimiento activo y la prolongación de la vida laboral, e incrementar la participación en el mercado laboral, propiciando especialmente:
  • La modernización y el fortalecimiento de las instituciones del mercado de trabajo, en particular los servicios de empleo y otras iniciativas relevantes en el contexto de las estrategias de la Unión Europea y de los Estados miembros para lograr el pleno empleo.
  • La aplicación de medidas activas y preventivas que permitan determinar con antelación las necesidades, lo que incluye planes de acción particulares y ayuda personalizada, como, por ejemplo, la formación adaptada, la búsqueda de empleo, la recolocación y la movilidad, el trabajo por cuenta propia y la creación de empresas, incluidas las empresas cooperativas; medidas de estímulo para alentar la participación en el mercado de trabajo, medidas de flexibilidad para que los trabajadores de más edad permanezcan más tiempo activos y medidas para conciliar la vida profesional con la vida privada, facilitando el acceso a los servicios de guardería y de atención a las personas dependientes.
  • Integración y medidas específicas para mejorar el acceso al empleo, incrementar la participación duradera y promover el avance de las mujeres en el empleo, así como para reducir la segregación en función del sexo en el mercado laboral, incluso abordando las causas profundas, directas e indirectas, de las diferencias salariales entre mujeres y hombre.
  • Medidas concretas orientadas a incrementar la participación en el empleo de los trabajadores migrantes, reforzando de esta forma su integración social, y a facilitar la movilidad geográfica y ocupacional de los trabajadores y la integración de los mercados de trabajo transfronterizos, incluso a través de la orientación, formación lingüística y la convalidación de las competencias y aptitudes adquiridas.
• Potenciar la inclusión social de las personas desfavorecidas con vistas a su inserción duradera en el empelo y luchar contra todas las formas de discriminación en el mercado de trabajo, fomentando en particular:
  • Los itinerarios de inserción y reingreso laboral para las personas desfavorecidas, como las víctimas de la exclusión social, los jóvenes que abandonan prematuramente los estudios, las minorías, las personas con discapacidad y para aquellos que cuidan de personas dependientes, a través de medidas que faciliten el empleo, entre otras, en el ámbito de la economía social, del acceso a la educación y formación profesionales y de acciones complementarias, así como de los oportunos servicios de apoyo, comunitarios y de atención que aumenten las oportunidades de empleo.
  • La aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo y la lucha contra la discriminación en el acceso al mercado de trabajo y en la progresión dentro de él, incluso mediante campañas de sensibilización y la implicación de entes y empresas locales, así como la promoción de iniciativas locales de empleo.
• Reforzar el capital humano, propiciando en particular:
  • La concepción e introducción de reformas en los sistemas de educación y formación para aumentar la empleabilidad, la mejora de la adecuación de la educación y formación iniciales y profesionales a las exigencias del mercado de trabajo y la actualización de manera constante de los conocimientos del personal docente con vistas a la innovación y a una economía basada en el conocimiento.
  • Actividades en red entre establecimientos de enseñanza superior, centros tecnológicos y de investigación y empresas.
• Promover las asociaciones, pactos e iniciativas mediante la creación de redes de interesados, tales como los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales a nivel transnacional, nacional, regional y local, a fin de movilizarse en pro de las reformas en materia de empleo y de inclusión en el mercado de trabajo.

Además, en el marco del objetivo de «convergencia», el FSE apoyará acciones que se llevan a cabo en los Estados miembros y que atiendan a las prioridades que se enumeran a continuación:

• Ampliar y mejorar la inversión en capital humano, impulsando en particular:
  • La introducción de reformas en los sistemas de educación y formación, especialmente con vistas a aumentar la capacidad de respuesta de las personas a las necesidades de una sociedad basada en el conocimiento y la educación permanente.
  • Una mayor participación en la educación y la formación permanente, incluso mediante medidas tendentes a lograr la reducción del abandono escolar y de la orientación a distintas materias en función de su sexo, así como incrementar el acceso a la educación y la calidad de ésta y de la formación inicial, profesional y superior.
  • El desarrollo del potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación, fundamentalmente a través de los estudios postuniversitarios y la formación de investigadores.
• Consolidar la capacidad institucional y aumentar la eficiencia de las administraciones públicas y de los servicios públicos a nivel nacional, regional y local y, cuando sea pertinente, de los interlocutores sociales y de las organizaciones no gubernamentales con vistas a la introducción de reformas, la mejora de la legislación y la buena gestión, especialmente en los ámbitos económicos, del empleo, de la educación, social, medioambiental y judicial, promoviendo en particular:
  • Mecanismos para mejorar la adecuada formulación, seguimiento y evaluación de políticas y programas, entre otras cosas, mediante la elaboración de estudios y estadísticas y el asesoramiento de expertos, el respaldo a la coordinación entre las distintas instancias administrativas y el diálogo entre los organismos públicos y privados pertinentes.
  • El desarrollo de capacidades para la aplicación de medidas y programas en los ámbitos pertinentes, en particular por lo que respecta a la aplicación de las disposiciones legales, especialmente mediante la formación continua de los cuadros directivos y demás personal y el apoyo específico a los servicios, órganos de inspección y agentes socioeconómicos fundamentales, así como a los interlocutores sociales y medioambientales, a las organizaciones no gubernamentales pertinentes y a las organizaciones profesionales representativas.

La Programación del FSE

El proceso de elaboración que se ha seguido para presentar la programación del FSE 2007-2013 ha tenido en cuenta los problemas y necesidades específicos de las regiones españolas, desde las reflexiones provocadas por la revisión de la Estrategia de Lisboa y continuadas en España por el Programa Nacional de Reformas, cuyos objetivos finales se han establecido en alcanzar la plena convergencia con la UE y una tasa de empleo del 60 por 100 para 2010.

Desde un punto de vista estratégico se plasma, en los documentos de programación, el contenido definido en octubre de 2006 relativo a las Directrices Estratégicas Comunitarias en materia de cohesión.

Así, la programación para el actual período se recoge a través de 19 programas operativos regionales de titularidad autonómica, que se corresponden con las 17 Comunidades Autónomas españolas y las ciudades de Ceuta y Melilla; y dos programas operativos plurirregionales de titularidad estatal: el P.O. de Adaptabilidad y Empleo, con el objeto de afianzar la estabilidad en el empleo, mejorar la adaptabilidad de todos los trabajadores y fomentar la iniciativa empresarial integrando la perspectiva de género; y el P.O. de Lucha contra la Discriminación, para combatir tanto la discriminación entre géneros como la discriminación de determinados colectivos que por sus características específicas se encuentran excluidos o en riesgo de exclusión del mercado laboral;y, por último el P.O. de Asistencia Técnica y Cooperación Transnacional e Interregional, destinado tanto a reforzar las capacidades de la UAFSE, para que pueda ejercer sus funciones de autoridad de gestión y certificación, como a la coordinación e impulso de la actuación interregional y transnacional.

Distribución territorial

Pueden beneficiarse del objetivo de «convergencia» las regiones cuyo producto interior bruto per cápita (calculado conforme a los datos comunitarios correspondientes a los años 2000-2002) sea inferior al 75 por 100 de la media de la Europa de los veinticinco. Se incluyen pues, en este objetivo a Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias, Ceuta, Melilla y Murcia, constituyendo Asturias, Ceuta, Melilla y Murcia el grupo de regiones pertenecientes al «Phasing-out», dado que disponen de un período transitorio para las ayudas, debido al efecto estadístico sufrido por la incorporación de los últimos Estados miembros a la Unión, con motivo de la ampliación de diez nuevos países.

Pueden beneficiarse de la financiación comunitaria al amparo del objetivo de «competitividad regional y empleo» el resto de las regiones que no están en objetivo convergencia ni en situaciones transitorias, es decir, Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja, País Vasco y, formando parte del «Phasing in» (regiones que en el período 2000-2006 pertenecían al objetivo 1, pero que ya no cumplen los requisitos de subvencionalidad del objetivo Convergencia), Canarias, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

¿Quién coordina la gestión del FSE?

En España, la coordinación del FSE corresponde al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), cuyas funciones, como autoridad de gestión de este Fondo, son compartidas con el gobierno de cada Comunidad Autónoma en los programas regionales respectivos.

Más información en: www.meyss.es/uafse