La Orientaciones de Empleo de la Estrategía Europea 2020

En el proceso europeo de coordinación de políticas económicas enmarcado en la Estrategia Europa 2020, Las Orientaciones Integradas constituyen la referencia para el diseño de las políticas económicas y de empleo a desarrollar por los Estados miembros y, en particular, la referencia para diseñar los Programas Nacionales de Reforma en el ciclo de coordinación anual.

Las actuaciones desarrolladas en el marco de las orientaciones integradas contribuyen a la consecución de los cinco objetivos prioritarios de la Estrategia Europa 2020, “para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”.

El 5 de octubre de 2015 el Consejo de Ministros de Empleo de la UE adoptó una versión revisada de las orientaciones para las políticas de empleo, que, junto con las orientaciones generales para las políticas económicas establecidas en la Recomendación del Consejo del 14 de julio de 2015, constituyen conjuntamente las Orientaciones Integradas para la aplicación de la Estrategia Europa 2020, que vienen a reformular las vigentes entre 2010 y 2015.

La revisión de 2015 modifica el conjunto de las orientaciones, que se reducen de diez a ocho, de las cuales cuatro corresponden a las orientaciones para las políticas económicas y cuatro para las políticas de empleo. En el terreno específico del empleo, las orientaciones, aunque mantienen su número y elementos principales, se reordenan y reestructuran, a la vez que están más focalizadas, constituyendo la principal prioridad la creación de empleo directamente vinculada a la formación, las competencias y la educación.

El texto íntegro de las orientaciones de empleo en su versión de 2015 es el siguiente: 

Orientación nº 5: Impulsar la demanda de empleo

Los Estados miembros facilitarán la creación de empleos de calidad, reducirán las trabas a las que se enfrentan las empresas para contratar a mano de obra, fomentarán el espíritu emprendedor y, en particular, apoyarán la creación y el crecimiento de las pequeñas empresas. Los Estados miembros deben fomentar activamente la economía social y apoyar la innovación social.

Es preciso desplazar la carga impositiva del trabajo a otras fuentes de impuestos menos perjudiciales para el crecimiento y el empleo, y proteger, al mismo tiempo, los ingresos en aras de una protección social adecuada y unos gastos favorables al crecimiento. Las reducciones de la fiscalidad sobre el trabajo deben dirigirse a eliminar los obstáculos y elementos disuasorios en lo que respecta a la participación en el mercado de trabajo, en particular para las personas más alejadas de este.

Los Estados miembros deben fomentar, junto con los interlocutores sociales y de acuerdo con las prácticas nacionales, mecanismos de fijación de salarios que permitan una respuesta de estos últimos a la evolución de la productividad. Deben tenerse en cuenta las diferencias en las capacidades y las divergencias en los resultados económicos entre regiones, sectores y empresas. A la hora de fijar los salarios mínimos, los Estados miembros y los interlocutores sociales deben considerar su impacto en la pobreza de la población ocupada, la creación de empleo y la competitividad.

Orientación nº 6: Mejorar la oferta de mano de obra, las cualificaciones y las competencias

Los Estados miembros, en cooperación con los interlocutores sociales, deben promover la productividad y la empleabilidad a través de una oferta adecuada de conocimientos, cualificaciones y competencias pertinentes. A tal fin, los Estados miembros deben realizar las inversiones necesarias en todos los sistemas educativos y de formación, a fin de aumentar su eficacia y eficiencia en la mejora de la cualificación y las competencias de la mano de obra, de modo que esta pueda anticipar y responder mejor a la rápida evolución de las necesidades de unos mercados de trabajo dinámicos en una economía cada vez más digital y en el contexto de los cambios tecnológicos, medioambientales y demográficos. Los Estados miembros deben intensificar los esfuerzos para mejorar el acceso de todos a un aprendizaje permanente de calidad y aplicar estrategias de envejecimiento activo que permitan la prolongación de la vida laboral.

Deben abordarse las debilidades estructurales de los sistemas de educación y de formación a fin de garantizar la calidad de los resultados del aprendizaje y reducir el número de jóvenes en situación de abandono escolar prematuro. Los Estados miembros deben incrementar los logros educativos, fomentar sistemas de aprendizaje basados en el trabajo, como la formación dual, elevar la categoría de la formación profesional y aumentar las oportunidades para reconocer y validar cualificaciones y competencias adquiridas fuera de la educación formal.

Es preciso luchar contra el elevado desempleo y la inactividad. Es necesario evitar y reducir significativamente el desempleo de larga duración y estructural mediante estrategias globales y que se refuercen mutuamente, que incluyan apoyo activo individualizado de cara a la reincorporación al mercado laboral. El desempleo juvenil y el elevado número de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni se forman deben abordarse globalmente, a través de una mejora estructural en la transición de la enseñanza al trabajo, incluso mediante la ejecución completa de la Garantía Juvenil.

Es preciso reducir las barreras al empleo, en especial de grupos desfavorecidos.

Es necesario aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral y velar por la igualdad de género, incluida la igualdad salarial. Debe promoverse la conciliación de la vida laboral y familiar, en especial el acceso a la educación para la primera infancia a servicios de cuidados y a cuidados de larga duración que sean de calidad y asequibles.

Los Estados miembros deben hacer un uso pleno del Fondo Social Europeo y otros fondos de la Unión, a fin de impulsar el empleo, la inclusión social, el aprendizaje permanente y la educación, y de mejorar la administración pública.

Orientación nº 7: Mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo

Los Estados miembros deben tener en cuenta los principios de flexibilidad y seguridad («principios de flexiseguridad»). Deben reducir y evitar la fragmentación en los mercados laborales y luchar contra el trabajo no declarado. Las normas sobre protección del empleo, la legislación laboral y las instituciones deben todas ellas establecer un entorno adecuado para la contratación, a la vez que ofrecen niveles adecuados de protección a todos los que trabajan y los que buscan trabajo.

Es preciso garantizar un empleo de calidad en términos de seguridad socioeconómica, organización del trabajo, oportunidades de educación y formación, condiciones laborales (salud y seguridad, entre otras) y un equilibrio entre vida privada y profesional.

En sintonía con las prácticas nacionales y con el fin de mejorar el funcionamiento y la eficacia del diálogo social a nivel nacional, los Estados miembros deben implicar estrechamente a los parlamentos nacionales y los interlocutores sociales en la concepción y ejecución de las reformas y políticas pertinentes.

Los Estados miembros deben reforzar las políticas activas del mercado laboral aumentando su eficacia, focalización, alcance, cobertura e interacción con las medidas pasivas, acompañadas de derechos y responsabilidades para que los parados busquen activamente trabajo. Dichas políticas deben ir destinadas a mejorar su ajuste al mercado laboral y apoyar transiciones sostenibles.

 Los Estados miembros deben aspirar a que los servicios públicos de empleo sean mejores y más eficaces a fin de reducir y acortar el desempleo, ofreciendo servicios personalizados a los solicitantes de empleo, apoyando la demanda del mercado laboral y aplicando sistemas de evaluación del rendimiento. Los Estados miembros deben incitar de manera efectiva a que participen en el mercado laboral aquellos que puedan y posibilitar que lo hagan, a la vez que protegen a los que no pueden participar. Los Estados miembros deben favorecer unos mercados laborales integradores, abiertos a todas las mujeres ylos hombres, instaurando medidas eficaces contra la discriminación, y fomentar la empleabilidad invirtiendo en capital humano.

Debe fomentarse la movilidad de los trabajadores a fin de explotar todo el potencial del mercado laboral europeo. Es preciso suprimir las barreras a la movilidad en los regímenes profesionales de jubilación y en el reconocimiento de cualificaciones. A la vez, los Estados miembros deben prevenir la utilización abusiva de las normas vigentes y reconocer la potencial «fuga de cerebros» de algunas regiones.

Orientación nº 8: Fomentar la integración social, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades

Los Estados miembros deben modernizar los sistemas de protección social para ofrecer de manera eficaz y eficiente una protección adecuada a lo largo de todas las etapas de la vida de una persona, fomentando la inclusión social, promoviendo la igualdad de oportunidades, incluida la igualdad entre hombres y mujeres, y abordando las desigualdades. Complementar los enfoques universales con otros selectivos aumentará la eficacia, mientras que la simplificación mejorará la accesibilidad y la calidad. Es preciso prestar mayor atención a las estrategias preventivas e integradas. Los sistemas de protección social deben fomentar la integración social alentando a la gente a que participe activamente en el mercado laboral y la sociedad. Unos servicios asequibles, accesibles y de calidad, como el cuidado infantil, la asistencia extraescolar, la educación, la formación, la vivienda, los servicios sanitarios y los cuidados de larga duración son esenciales. También debe prestarse una atención especial a los servicios y acciones básicos para evitar el abandono escolar prematuro, reducir la pobreza de los trabajadores y luchar contra la pobreza y la exclusión social.

A tal fin, es necesario utilizar diversos instrumentos de manera complementaria, de acuerdo con los principios de integración activa, incluidos los servicios de capacitación y activación laboral, los servicios de calidad accesibles y el apoyo adecuado a los ingresos en función de las necesidades individuales. Los sistemas de protección social deben diseñarse de forma que faciliten el acceso a todos los beneficiarios, apoyen la protección y la inversión en capital humano, y contribuyan a prevenir, reducir y combatir la pobreza y la exclusión social a lo largo de toda la vida.

En un contexto de creciente longevidad y de cambio demográfico, los Estados miembros deben velar por la sostenibilidad y adecuación de los regímenes de pensiones para mujeres y hombres. Los Estados miembros deben mejorar la calidad, accesibilidad, eficiencia y eficacia de los sistemas de salud y de cuidados de larga duración, salvaguardando al mismo tiempo su sostenibilidad.

Puede consultar los textos legales en:

http://www.boe.es/doue/2015/268/L00028-00032.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H1184&from=ES


 

Decisión 2010/707/CE del Consejo, de 21 de octubre de 2010, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros [Diario Oficial L de 24.11.2010]

 

  • Programa Nacional de Reformas. Estrategia de Lisboa
  • administracion.gob.es