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Extranjeros
1.-  Soy un empresario portugués que pretendo trasladar temporalmente a parte de mi plantilla a territorio español ¿Qué trámites he de realizar?
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, los empresarios que desplacen trabajadores a España en estos términos deberán comunicar su desplazamiento antes de su inicio, a la autoridad laboral competente por razón del territorio donde se vayan a prestar los servicios, que informará de ello a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Esta Ley será de aplicación a las empresas establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que desplacen temporalmente a sus trabajadores a España en el marco de una prestación de servicios transnacional, con exclusión de las empresas de la marina mercante respecto de su personal navegante.

Todo ello, con independencia de la duración del desplazamiento, si bien, no será exigible la comunicación cuando no exceda de ocho días (artículo 5.3 de la Ley 45/1999).

Esta comunicación habrá de contener determinados datos e informaciones: identificación de la empresa que desplaza trabajadores, con indicación del domicilio fiscal y número de identificación a efectos del IVA; la fecha de inicio y duración previsible del desplazamiento; identificación de la empresa o empresas donde se realizará la prestación de servicios o, en su caso, la identificación del centro o centros de trabajo; identificación personal y profesional de los trabajadores desplazados y la determinación de la prestación de los servicios que va a desarrollar el trabajador o trabajadores desplazados, con indicación del tipo de supuesto de desplazamiento contemplado en la Ley.

La vigilancia y control de cumplimiento de las obligaciones de los sujetos responsables incluidos dentro del campo de aplicación de la Ley 45/1999, corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Conforme a lo previsto en dicha Ley, los empresarios deberán comparecer, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la oficina pública designada al efecto y aportar cuanta documentación les sea requerida para justificar el cumplimiento de la Ley, incluida la documentación acreditativa de la válida constitución de la empresa.


2.-  Un Inspector de Trabajo y Seguridad Social visita una empresa y comprueba que se encuentra prestando servicio un trabajador extranjero no comunitario sin la autorización de trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias para el empresario que les da ocupación?
En virtud de lo establecido en los artículos 54 y 55 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de trabajo constituye una infracción calificada como muy grave, incurriendo en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros en situación irregular, pudiendo ascender cada multa desde 10.001 hasta 100.000 euros. Dicho importe se aumentará en la cuantía que resulte de calcular lo que hubiera correspondido ingresar por cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta, desde el comienzo de la prestación de servicios del trabajador extranjero hasta el último día que se constate dicha prestación, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 62/2003.

Sin perjuicio de ello, los artículos 55.6 de la Ley Orgánica 4/2000 anteriormente citada y 254.9 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, prevén como sanción accesoria la clausura del establecimiento o local desde seis meses a cinco años, en el supuesto tipificado en el artículo 54.1.d) de la LO 4/2000.

Por su parte, los artículos 57.1 de la Ley Orgánica 4/2000 y 254.5 del Reglamento antes citado, prevén como sanción alternativa a la multa la expulsión del territorio español del empresario extranjero infractor.

El expediente sancionador se iniciará por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con el procedimiento sancionador por infracciones del orden social, correspondiendo la imposición de las sanciones al Subdelegado del Gobierno o al Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales.

La carencia de la correspondiente autorización, sin perjuicio de las responsabilidades empresariales a que dé lugar, incluidas aquéllas en materia de Seguridad Social, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones que pudieran corresponderle.


3.-  Un Subinspector de Empleo y S.S. comprueba que un inmigrante perteneciente a un país no comunitario está trabajando por cuenta propia sin contar con la correspondiente autorización de trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias para dicho trabajador irregular?
Las consecuencias administrativas de la carencia de autorización de trabajo variarán en función de la posesión o no de permiso de residencia válido en España, constituyendo en el primer caso infracción leve sancionable con multa de hasta 500 euros; calificándose la infracción de grave, con multa de 501 hasta 10.000 euros en el segundo caso.

Todo ello, según lo establecido en los artículos 52 c), 53.1. b) y 55 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

En el supuesto de la infracción grave tipificada en el artículo 53.1.b), cuando se trate de trabajadores por cuenta propia, los artículos 57.1 de la Ley Orgánica 4/2000 y 254.5 del Real Decreto 557/2011 prevén como sanción alternativa a la multa la expulsión del territorio español del extranjero carente de autorización de residencia y trabajo.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social propondrá la posibilidad de dicha sanción en el acta, que iniciará el expediente sancionador cuya resolución corresponde al Subdelegado del Gobierno o al Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales.